Hace algunas semanas, el gobierno avanzó en el recorte de empleadxs en diferentes organismos, como Anses y la Agencia Territorial. Sus trabajadoras cuentan los modos violentos e ilegales con los que esos despidos ocurrieron. Además de perder puestos de trabajos, Río Cuarto perdió piezas claves del eslabón que permite a lxs riocuartenses -y a vecinxs de la región- acceder a derechos básicos como el trabajo y la seguridad social.

Fernanda Oviedo era trabajadora de planta permanente de Anses Río Cuarto desde hacía más de diez años, Fiamma Speranza se desempeñaba desde hacía dos en la Agencia Territorial de la ciudad como contratada.

Hace poco más de dos semanas fueron despedidas de sus lugares de trabajo de forma violenta, según dicen, y desprolija, según se puede ver al indagar en las formas en las que esos despidos -o la no renovación de contratos, como al Gobierno de Javier Milei le gusta llamarlo- ocurrieron.

Fiamma recibió un mail un día antes de que comience el fin de semana largo por Semana Santa, es decir, el último día hábil del mes de marzo. Ella y otros seis trabajadores fueron despedidos de la Agencia que contaba con un total de diez empleados y hoy por hoy quedó con solo tres personas que deben dar respuesta a una extensa lista de tareas que la dependencia de la Secretaría de Trabajo tiene asignadas, entre ellas gestionar el programa Fomentar Empleo, interceder en las negociaciones colectivas de trabajo entre las cámaras empresariales y los gremios, responder a casos de violencia laboral y ejecutar acciones desde mesas de trabajo como la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) o la Mesa Interinstitucional contra la Trata.

En el caso de Fernanda, su tarea era iniciar pensiones y jubilaciones. El viernes 22 de marzo, mientras todavía estaba trabajando, sus claves fueron inhabilitadas de repente. En los medios de comunicación corrían los rumores de que Anses iba a despedir a más de mil empleados y empleadas en todo el país en las próximas horas. Desde la patronal no le brindaron nada de información, porque no la tenían. Los representantes gremiales tampoco.

Esto no fue nuevo para ella, ya que en 2016 la administración de Mauricio Macri la despidió por primera vez, pese a que hacía un año había rendido el concurso que le permitió pasar a planta permanente. Recién en los años de pandemia de coronavirus pudo volver a su trabajo.

Ese mismo viernes una de sus compañeras recibió el telegrama de despido. Fernanda, en cambio, tuvo que esperar hasta el lunes siguiente para saber con exactitud cuál era su situación. Ese día se presentó a trabajar y quiso fichar como siempre, pero su huella biométrica ya había sido dada de baja. Recién a media mañana tuvo un telegrama formal de despido. Un telegrama que se encargó de rechazar por vía legal, ya que se trata del despido sin causa de una trabajadora con tutela sindical. O sea, un despido ilegal.

Su compañera, quien gozaba de la misma tutela, días después recibió un mail en el que se desestimaba el telegrama anterior, por lo que pudo volver a trabajar. Pero Fernanda aún está a la espera de ver qué sucede con su puesto de trabajo, el único ingreso que tenía para mantenerse y para mantener a su hijo. Tras el paro que realizaron los cuatro gremios que nuclean a trabajadorxs de Anses, se inició un canal de diálogo que permitió la restitución de los puestos de trabajo de algunas de las personas despedidas ilegalmente a nivel nacional. Eso la mantiene esperanzada. Por la misma vía están intentando que se reabran las 64 oficinas que se cerraron en todo el país.

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Fiamma se abocó a trabajar de lleno como abogada en el sector privado y no tiene demasiadas esperanzas de poder volver a la Agencia Territorial. Asegura que ve muy poca voluntad de negociación por parte del Gobierno y un interés por hacer recortes en función de su planilla de Excel.

En la ciudad de Córdoba también hubo algunos despidos, con la diferencia de que las oficinas de la capital cuentan con alrededor de setenta trabajadores. Río Cuarto ahora solo tiene tres para hacerle frente a las demandas de la ciudad y todo el sur de la provincia.

En los últimos cuatro años, detalla Fiamma, unas 17 mil personas accedieron a un trabajo a través del Fomentar Empleo y 10.700 empresas contaron con el programa. Además, 900 mil personas con discapacidad lograron insertarse en el mercado laboral. Números que sirven para dimensionar la importancia que la Agencia tiene a la hora de garantizar el acceso al empleo y promover capacitaciones que benefician también a empresas, comercios y emprendimientos.

“Puntualmente en Río Cuarto dejar a la Agencia sin trabajadores es dejar a la gente sin programas de empleo”, enfatiza.

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Fernanda considera que el Gobierno busca un vaciamiento de Anses y del Estado en general. Explica que desde enero se han dejado sin efecto los créditos a jubilados y pensionados, se sacó de la órbita de Anses el programa de becas Progresar (relanzado, pero aún sin detalles sobre cómo funcionará) y comenzó a pedirse que se dejen sin efecto las moratorias.

“Sin moratoria la gente no se puede jubilar. Es un cálculo estadístico que está probado, 9 de cada 10 mujeres sin moratoria no se pueden jubilar y 7 de cada 10 hombres tampoco porque no cuentan con los 30 años de aporte. No hay una política de inclusión previsional que garantice la jubilación de quienes están en edad de acceder a ese derecho”, sostiene.

Y agrega: “Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras. Quien va a preguntar una o dos veces antes de cumplir la edad jubilatoria es porque tiene la urgencia y la necesidad de jubilarse, porque en su historia solo puede contar trabajos informales. Cuando necesitas parar la olla en tu casa, necesitas trabajo, no te preguntas si te van a pagar o no aportes. Te preguntas si vas a llegar a fin de mes. Y cuando llegas a la edad jubilatoria, en un país como este, necesitas que el Estado esté presente”.

En ese sentido, remarca las brechas de género que existen en materia de seguridad social. Menciona el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyas beneficiarias en mayor medida son mujeres, mientras que las asignaciones familiares son percibidas principalmente por varones, porque son quienes tienen mayor acceso al trabajo registrado.

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Tanto Fiamma como Fernanda creen que la pelea por sus puestos de trabajo y por las políticas públicas que se ven vulneradas tras los recortes del Gobierno tiene que ser colectiva, con un rol activo y protagónico de los gremios. Hablan de la necesidad de que tengan una cercanía con lxs trabajadorxs que representan. También, de discutir la precarización laboral por parte del Estado para evitar a futuro nuevas situaciones críticas como la actual, en la que numerosos puestos de trabajo se pierden y derechos básicos quedan al borde del abismo por decisión del gobierno de turno.