“Tenemos nueva ley feminista. Argentina será el primer país del mundo con una ley de este tipo” expresaron en las redes de LATFEM. El proyecto es fruto de una construcción colectiva y federal en conjunto con organizaciones, colectivos, sindicatos y universidades, y en la que periodistas y comunicadoras feministas tuvieron un rol clave.
¿Qué dice la ley?
El objetivo principal de la ley es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación. En los medios de gestión pública debe aplicarse con un régimen obligatorio en todos los estratos de la planta del personal. Para los medios de gestión privada implica un incentivo para aquellos que demuestren avances en la equidad de géneros.
La ley no busca solo la paridad (un concepto binario que tiene en cuenta al par mujeres-varones), si no que va en consonancia con su antecesora victoriosa en Diputados, la media sanción de la Ley de Cupo Laboral Trans; ya que contempla que debe garantizarse la representación de personas trans en un porcentaje nunca menor al 1%.
El proyecto define la equidad como igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, equidad para el acceso y permanencia en los puestos de trabajo.
La legislación es clara, no busca legislar sobre la pauta publicitaria. Busca reparar una desigualdad histórica en el acceso al trabajo para mujeres y personas trans (garantizando mayor pluralidad de voces), crear mejores condiciones laborales para las mismas e incorporar la perspectiva de género en el tratamiento mediático.
¿Y cómo es esto posible en términos prácticos? Bueno, la ley plantea, para los medios de gestión privada, el cumplimiento de 4 de 7 requisitos para recibir el certificado de equidad. Estos son:
Actualmente, según datos de Comunicación para la Igualdad, el 60% de las personas que estudian Comunicación son mujeres, pero solo el 30% de ellas llegan a trabajar en empresas periodísticas. Esta brecha se asocia a los abusos que sufren en los ámbitos laborales y a la división desigual del trabajo y las tareas del cuidado. Sobre personas trans o no binarixs en medios de comunicación, no hay datos.
Conversamos con Marta Maezo, Secretaria General del CISPREN Río Cuarto, para exponer la situación de mujeres al interior de los medios: “Sigue siendo muy complicada nuestra situación, somos muy pocas. Por ejemplo, en la redacción de diario Puntal, sobre un plantel de casi 20 trabajadores de prensa, somos solo 4 mujeres redactoras periodistas”. Hay otras mujeres trabajando en la empresa, pero en puestos administrativos.
Maezo explica que “en general las periodistas se enfrentan con un filtro para entrar en los medios formales, porque las empresas tienen ese preconcepto de que las mujeres “no rinden tanto” como los hombres. Hay un hecho discriminatorio y violento que han sufrido algunas compañeras cuando buscan trabajo: en la entrevista interpersonal les preguntan si viven solas o si viven con el novio. ¿Cuál es el problema, no? Antes nos preguntaban si estábamos casadas. El problema que ven, es el “riesgo” de quedar embarazadas, a la empresa no les gusta y es un filtro que hace que muchas mujeres no puedan ingresar a trabajar, a pesar de sus aptitudes profesionales”.
CISPREN, el sindicato que defiende los derechos de lxs trabajadores de prensa de Córdoba, viene generando campañas para visibilizar la situación del periodismo en la ciudad. Los grandes medios del Imperio ofrecen aumentos de sueldos en negro a sus periodistas. A las compañeras, la situación las golpea el doble.
Las presiones y el lobby empresario
El día del tratamiento de la Ley de Equidad, algunos medios de comunicación operaron y presionaron a les disputadxs para que la legislación no saliera. La diputada Claudia Bernazza leyó un mail que recibieron esa mañana. La carta exponía que sus remitentes tenían la intención de acompañar la equidad de género, pero que no acordaban con el artículo 8 porque “traería preferencia en la asignación de la publicidad oficial por parte del sector público nacional”.
La carta estaba firmada por los varones cis presidentes de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira). Estas asociaciones son las mismas que se opusieron a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina en el 2009.
Entre sus socios activos, ADEPA registra medios como Clarín, Puntal, La Nación (a sus patrones, no a sus trabajadorxs). Podemos recordar que éste último es el productor de una editorial en admiración a las “niñas madres” (2019), que llamaba a “reflexionar sobre lo que es natural en la mujer, lo que le viene de su instinto de madre, lo que le nace de sus ovarios casi infantiles” en plena Campaña por el Derecho a Decidir.
¿Qué defienden estos varones? ¿Defienden la libre expresión o la licencia para decir cualquier burrada? El proyecto es un manifiesto que promueve derechos. Sin embargo, horas previas a la sesión Clarín ya estaba desviando el eje de lo que se realmente se iba a discutir: “La ley busca condicionar la pauta publicitaria”, desinformó en un titular.
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Frente al circo que se armó para dejar sin quórum la sesión (con gente parada, deambule y Massa preguntando a lxs diputadxs unx por unx quién se quedaba a votarla), la diputada Paula Penacca expresó: “Esta ley busca construir la igualdad que necesitamos (…) No estamos discutiendo aquí cómo se asigna la pauta, lo que estamos discutiendo aquí es cuales son las pautas, cuales son los criterios que queremos consolidar para tener una sociedad mejor, una sociedad más justa”.
Los argumentos de les diputadxs que estaban en contra hablaban de la libertad de expresión como un derecho que se vería limitado por la ley.
Este es un enfoque tramposo porque el artículo 8 de la ley es muy claro: “Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional”.
No es una ley punitiva, no busca castigar a los medios que no usen lenguaje inclusivo, ni echar varones de los medios para meter trans y mujeres en su lugar. Busca que el Estado incentive mediante la pauta que se creen condiciones para lograr un periodismo con la real participación de todes adentro, que los privados se capaciten en perspectiva de género para producir sus contenidos y que tengan protocolos para la prevención de las violencias (teniendo en cuenta que hay un femicidio cada 22 horas en nuestro país).
La Ley de Equidad de Géneros en los Medios pone en la mesa la discusión sobre la distribución de la pauta oficial, que se reparte de manera poco equitativa (podés leer una nota que hicimos sobre cómo va a parar a los bolsillos de los grandes conglomerados de medios acá).
Con los grandes conglomerados de medios criticando la ley, se abre una nueva oportunidad para fortalecer el entramado de medios de comunicación cooperativos y autogestivos. Podremos ser priorizados en la distribución de la pauta en tanto trabajemos con sensibilidad de géneros y abramos paso a les que faltan en los medios.
