Se viene la primera Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Río Cuarto. Trabajadorxs de la salud, usuaries, familiares y organizaciones reclaman la efectiva aplicación de la Ley, con el cuidado de la comunidad en el centro de la agenda política.
El aula de Capacitación y Docencia del Hospital San Antonio de Padua está colmada de gente, hay caras que se reconocen y saludan amablemente. Es la última reunión organizativa de la primera Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Río Cuarto.
En ronda, la gente pintan carteles. Hay trabajadoras/es de la salud, personas usuarias, familiares, referentes de organizaciones y espacios diversos. Más de 30 orgas adhieren al reclamo y le ponen voz: “La salud mental no es cosa de locos, es cosa de todes”, enuncia una compañera. En fin, es la comunidad organizada que garantiza y defiende el derecho a la salud como un bien común.
¿Cómo se sostiene la salud mental desde la comunidad?
Casandra Gaspar, psicóloga del equipo técnico de Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), fue entrevistada en el piso de Telediario Digital, como parte del Colectivo Organizador de la Marcha. Allí, la licenciada en psicología dijo que hay que poner en valor a la comunidad: “no se trata solamente de reforzar los servicios de asistencia del hospital, que son fundamentales, sino también pensar en cómo la propia comunidad participa de aquello que es determinante para la salud mental”.
En las reuniones organizativas de la marcha se relevaron los inconvenientes que tiene la aplicación de la Ley de Salud Mental en nuestra ciudad. Entre ellos, la necesidad de contar con dispositivos intermedios, que trabajan en el cuidado, la prevención y promoción de la salud y que permiten el acompañamiento a usuaries de salud mental cuando salen de los dispositivos de asistencia.
Uno de los reclamos del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental es que los gobiernos nacional, provincial y municipal aumenten el presupuesto destinado a los equipos de intervención en la comunidad. “Derribar muros, abrir mentes”, dicta un cartel. El primer mito a derribar es que no podemos asociar la salud mental a la enfermedad, todes necesitamos en algún momento asistencia y nuestra salud se sostiene en la comunidad.
Salimos del aula y hablamos con Santiago Cervella, trabajador de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Hospital.
-Tiene que ver con el acceso a la vivienda, la alimentación y el trabajo, que son cuestiones básicas que llevan a afectar a la salud mental. Tiene que ver con instaurar herramientas para garantizar derechos y promover modos de vida que sean saludables, equitativos, justos e inclusivos, y con la accesibilidad a personas de distintos territorios. No hay que concentrar la salud mental en un enfoque asistencialista, donde son los usuarios los que tienen que acercarse a los centros a recibir una atención, que muchas veces no es del todo accesible.
Volvimos al aula y nos cruzamos con Mariano, usuario del servicio de salud mental en el Hospital, quien nos dijo que “en Río Cuarto dicen que los locos somos ingratos. Los locos no somos locos, somos iguales que todos, sólo que no saben entender nuestros problemas. Pedimos que nos apoyen para salir todos adelante, cada vez más”.
La Ley Nacional de Salud Mental fue aprobada en 2010, hasta ese año según la investigación de Vidas Arrasadas (CELS), en Argentina había cerca de 25 mil personas entre instituciones psiquiátricas y comunidades terapéuticas. Allí vivían hacinadas, víctimas de abusos físicos, sexuales, e incluso tortura. La sobre medicación psicofarmacológica era práctica habitual, al igual que las sujeciones físicas a las camas sin controles clínicos, el abandono generalizado e incluso el electroshock.
Si bien este marco normativo sirvió para establecer una legalidad y detener la práctica compulsiva de internación, desde el Colectivo Organizador de la Marcha señalan que aún no se aplica como política de Estado en la provincia. Faltan decisiones políticas, acciones concretas e inversiones que apunten a lo que dicta la Ley: el abordaje de la salud mental desde una perspectiva integral, de derechos humanos y con un modelo centrado en el cuidado de la comunidad.
La situación en el Hospital San Antonio de Padua es álgida. Como en otros sectores del ámbito público, les trabajadores de la salud se enfrentan al ajuste de los recursos y presupuestos, el achicamiento del personal, con contratos laborales inestables y mal pagos. La nada novedosa política de achicar lo público y mercantilizar los servicios que son derechos del pueblo (lo contrario a lo que se determinó con la Ley de Salud Mental). Acá hay una crónica de la mercantilización de la salud para profundizar en lo transversal de la problemática. La salud mental no es un gasto, es un derecho. No se vende, se defiende.
Sumate a marchar
1ERA MARCHA POR LA SALUD MENTAL EN RÍO CUARTO
?JUEVES 10 DE NOV – 18 HS – DESDE LA PLAZA CENTRAL
