El 24 de enero de 2021, entró en vigencia la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina. Las feministas lo celebramos, porque cada derecho que mujeres y diversidades conseguimos en el país son un avance no solo para nosotras sino para alcanzar una sociedad más justa. Significa que la lucha no es en vano, que cada protesta no fue al azar y también que las mujeres y cuerpos gestantes sabemos que los derechos no se consiguen pidiendo permiso, sino en las calles y organizadas/es.
La ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención post aborto de todas las personas con capacidad de gestar. Esto implica que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a interrumpir su embarazo:
- Hasta la semana catorce (14), inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión.
- Cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.
Todas las personas tienen derecho al acceso a métodos anticonceptivos y a la atención post aborto, aún si el mismo no se produjo en las situaciones previstas por la ley.
Ahora bien, sabemos que con la ley no alcanza. Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista de nuestro pais, dice: “no vamos a extinguir el patriarcado con el código penal en la mano”, necesitamos real compromiso de los estados para garantizar la salud sexual y (no) reproductiva de todas/es.
Actualmente sabemos que existen un montón de factores que condicionan la implementación de la IVE en Argentina. Pero ¿Qué pasa en Río Cuarto? ¿Cómo funciona la interrupción voluntaria del embarazo en la ciudad? ¿El Estado está realmente comprometido a garantizar el derecho?
Anto acompaña abortos en la ciudad, desde hace un par de años se ocupa de asesorar y socorrer a otras pibas. Nos cuenta que “la situación en Río Cuarto es complicada”, desde el momento en que una persona decide realizar una IVE hasta que eso se concreta -cuando se logra- existen varias dificultades.
“El principal problema es la falta de recursos y presupuesto para IVE. En Río Cuarto actualmente hay un solo dispensario atendiendo, en el que hay un solo médico ginecólogo que atiende, es el único médico que no es objetor de conciencia” nos cuenta Anto. Y agrega: “También hay muy poco recurso humano, primero porque no se destina presupuesto, y además porque la mayoría de los médicos son objetores de conciencia. La falta de formación en el tema es también uno de los principales problemas”.
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Desde Católicas por el derecho a decidir, una ONG de personas católicas feministas de la provincia, se realizó un relevamiento que traduce las experiencias de IVE en datos en Córdoba.
Algunos de los principales datos que nos tira este estudio, publicado en mayo de 2022, van en sintonía con la experiencia que nos relata Anto. La mayor dificultad con la que se encuentran las personas gestantes a la hora de realizar un aborto es la falta de recursos humanos.
“El mayor porcentaje de dificultades se concentró en la falta de recursos humanos, con un 45.2%; en segundo lugar, se ubicó la falta de insumos seguidos por dificultades en la infraestructura (falta de consultorios), y falta de capacitación para el abordaje. Un 8.2% de los encuestados precisó como dificultad la objeción de conciencia, lo cual, fue manifestado como un impacto de mayor carga laboral al personal que sí garantiza el acceso a IVE en la mayoría de las regiones donde se aplicó la encuesta.” dice CDD en su relevamiento.
Anto reconoce que en la ciudad de Río Cuarto otro de los mayores condicionantes a la hora de realizar una IVE se encuentra en el sector privado de salud. Explica que la mayoría de las obras sociales y mutuales no lo garantizan por la objeción de conciencia.
¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Está contemplada en la ley. La misma dice que si hay un médico objetor de conciencia se debe derivar al paciente a un profesional que no lo sea. Y el problema es entonces la falta de recursos humanos y capacitación en el personal de salud para garantizar la práctica.
Ahora bien, ¿Cuáles son las consecuencias de que la mayoría del sector privado sea objetor de conciencia? Para Anto la principal problemática se puede ver reflejada en el colapso del sector publico con consultas por practicas de aborto: “el sistema de salud pública no da abasto. Llegan al punto de tener que hacer excepciones y tener que atender a pibas con mutual, cuando eso no se puede, está colapsado”.
Vamos a hacer un parate en la objeción de conciencia. La ley dice que los profesionales que asisten de manera directa en la interrupción tienen derecho a ejercer la objeción, es decir, a no realizar la práctica debido a sus convicciones personales. Peeeero tienen la obligación de informar sobre la IVE y de derivar de forma inmediata a otro profesional que garantice la práctica. Es decir, que los establecimientos donde no haya profesionales que puedan garantizar la práctica, porque de forma individual son objetores de conciencia, deben, obligatoriamente derivar y garantizar la atención del paciente.
La objeción debe ser en forma individual de cada profesional, pero recordarán el bochorno en la ciudad de Río Cuarto a pocos días de entrar en vigencia la ley. El Instituto Médico publicó un comunicado en el que se declaraba a toda la institución como objetora de conciencia. Parte del comunicado decía que haciendo uso de los derechos de libertad de conciencia la totalidad de los profesionales de ginecología y obstetricia se declaraban objetores.
La IVE es una práctica que no debería llevar más de dos o tres consultas médicas. Las barreras que ponen las instituciones o profesionales objetores de conciencia solo alargan los plazos para que las mujeres y cuerpos gestantes no puedan ejercer su derecho a decidir. Digámoslo claramente: la ley nos permite abortar y ningún profesional de la salud puede impedirlo, bajo ninguna circunstancia.
Anto cuenta que el proceso de acompañar a una persona gestante desde el momento inicial en el que decide realizar un aborto es complejo, y que las pibas que hacen acompañamientos no son muchas en la ciudad. Ellas también se encuentran colapsadas.
Además explica que muchas veces, el acompañamiento va más allá de ayudar con los trámites operativos en las instituciones médicas o en brindar información, también acompañan el momento preciso en el que la persona lleva adelante la interrupción, muchas veces porque están solas, o porque ninguna persona de su entorno conoce la situación que están atravesando.
“A veces implica poner el cuerpo en el procedimiento, acompañando, ya sea porque no tienen a donde hacerlo (si es por método farmacológico) o porque viven con sus familias. Entonces tenemos que estar ahí al lado o al teléfono durante las horas que dure el procedimiento” dice Anto.
El trabajo de las pibas que acompañan no termina una vez realizada la interrupción. Después del procedimiento, continuan en contacto con la mujer o persona gestante para poder guiarla en lo que se debe hacer post aborto: “Somos muy insistentes en que siempre se hagan los controles del post, ya que es necesario que unos 10 días posteriores se realicen controles y ecografías para chequear que todo esté bien”.
¿Entonces, cómo seguimos? Es necesario insistir en que el Estado capacite al personal de salud. El informe de Católicas por el Derecho Decidir muestra que el 69,3% de las personas encuestadas cree que su institución requiere capacitación en relación a la implementación de la ley de IVE.
En este sentido, las organizaciones que acompañan abortos seguros en la ciudad tienen los conocimientos cosechados durante años de acompañamientos, el aporte de sus experiencias en las capacitaciones es fundamental para que los procedimientos sean mas empáticos y seguros.
La red de periodistas feministas de Argentina, integrada por 14 provincias, Córdoba inclusive, lanzó una campaña para acercar información acerca de cómo funciona la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y a donde se debe recurrir, según lo que dice la ley. La campaña cuenta con spots radiales y stickers con QR que brindan la información necesaria. Estos stickers circularon (y aun circulan) en el espacio público de nuestra ciudad.
Laura Garcia Vizcarra periodista de la provincia de Catamarca e integrante de esta red comentó a un medio local que “el resultado del relevamiento fue que falta muchísima información sobre la Ley, tanto en la ciudad Capital como en el interior provincial. Es por esto, que las preguntas de las personas gestantes que quieren abortar terminan llegando a las organizaciones de mujeres y no al Estado, que es el responsable y garante de hacerla cumplir y generar el acceso”
Esta red de periodistas feministas, recibe el apoyo de Fundación Huésped y desde el 2018 se dedican a crear piezas comunicacionales para acercar información a la sociedad sobre salud sexual reproductiva con objetivo de promover y exigir el cumplimiento de políticas públicas.
